El nuevo escenario en el que nos encontramos está cubierto por una incertidumbre que constriñe en aumento: un sector público que se desmorona cada día más junto con un mercado controlado por grupos económicos financieros. La educación es una de las grandes perjudicadas en este contexto. Grupos económicos elitistas que controlan todo ámbito social, incluso la esfera educacional. Esta última fue articulada en función de sus creencias y pensamientos, según lo que creían era cómo se debía configurar la forma y el contenido de la enseñanza nacional. En palabras de Jesús Redondo[1], esto significa que “los sujetos sociales no estuvieron presentes, o muy poco o inadecuadamente presentes en las políticas educativas”[2], más bien fue estructurada de forma tecnocrática, modernizante, en miras de una internacionalización unilateral y con fines, claramente, económicos.
La municipalización instauraba un financiamiento de las escuelas públicas que no procedía en forma directa desde el Estado; quienes se harán cargo de los establecimientos educativos, en esta nueva política constitucional, serán los municipios. La ‘ilustre municipalidad’ (la alcaldía o el ayuntamiento, para utilizar términos universales) se convierte en la sostenedora de la educación pública. El problema que esto conlleva es que no todas las comunas están equitativamente –hablando en términos económicos y sociales- repartidas (asimismo como la desastrosa distribución del ingreso nacional). De esta manera, con la aplicación de la nueva legislación se rompe con la lógica de comportamiento del sector público, la cual se fundamenta en “su capacidad de corregir el tipo de regulación social que realiza el mercado y, por lo tanto, encuentra su justificación en requerimientos sociales que éste no satisface”[3]. Según Redondo, la nueva educación se orientaría a mantener a estos grupos económicos financieros en su status de dominantes, ya que el marco educativo institucional se articularía “bajo la mirada y presión de los grupos de élite que dejaron hacer, consensuaron según sus intereses, y retocaron las orientaciones de la política a través de los medios de comunicación y la ‘intelectualidad educacional orgánica’ de las fundaciones privadas de la derecha, controlando cualquier desviación”[4]. O sea, esta nueva educación no se orienta a una mejor forma chilena de enseñanza, a un desarrollo a niveles sociales y culturales, a una socialización integradora de la sociedad, sino más bien a estos intereses elitistas de grupos económicos cerrados.
Por esto es importante tener claro lo qué significó la municipalización de la educación básica y media a fines de la década de 1980 para el posterior recorrido social del país. Cuáles fueron los ejes legislativos de este proceso cuasi-privatizador de uno de los componentes fundamentales de socialización e integración social.
[1] Director de OPECH (Observatorio Chileno de Políticas Educativas) y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
[2] REDONDO, Jesús, "El experimento chileno en educación: ¿conduce a mayor equidad y calidad en educación?", Última Década, agosto, número 022, Chile, 2005, p. 98 y ss. En: Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, recurso web www.redalyc.org
[3] ECHEVERRÍA, Rafael, "Empleo público en América Latina", PREALC. Santiago, 1985, p. 8.
[4] REDONDO, Jesús, Op. Cit., p. 98.
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